Se lo voy a
explicar muy claro, para que lo entiendan. Hasta ahora, cualquier aspirante a
producir una película española solicitaba una ayuda al ICAA y, si tenía la
suerte de que se la concedieran, iba al banco a pedir a crédito el dinero que
el Estado se había comprometido a entregarle después del estreno. Con ese aval,
el banco le prestaba el dinero a él, eso sí, no al Estado. Quien se comprometía
a devolver ese crédito, por tanto, era el productor.
Hace unos
días, la directora general del ICAA, Susana de la Sierra, anunció que no
tiene dinero para apoyar nuevas producciones. Hasta ahí, todo es
terroríficamente normal. Se deja caer el cine, igual que la investigación,
igual que la educación, igual que la sanidad, etcétera, gracias a los presupuestos
que, según el Gobierno, demuestran la recuperación de la economía. Pero De la Sierra añadió que, además,
tampoco hay dinero para pagar las ayudas comprometidas el año pasado. Que lo
siente mucho, dijo, que es una tragedia. Luego se levantó, cogió sus carpetas,
y se marchó.
Si usted deja
de pagar las letras de su hipoteca, el banco le embarga su casa. Si usted ha
producido una película y el ICAA no le paga el dinero que le debe, el banco le
embarga su casa igualmente. En ambos casos, usted se queda en la calle, pero en
España seguirá habiendo una Dirección General de Cinematografía cuya titular
seguirá cobrando su sueldo y usando su coche oficial todos los meses. ¿Por qué?
¿Para qué? Si este Gobierno está tan empeñado en adelgazar la estructura del Estado,
debería empezar por eliminar departamentos inútiles y afrontar las
consecuencias de unas acciones que a cualquier ciudadano le llevarían primero a
los tribunales, después a la cárcel. Como no lo va a hacer, porque la economía
va viento en popa, dígame, señora De la Sierra... ¿A usted no le da vergüenza no haber
dimitido ya?
Almudena Grandes, El País, 7 de octubre de 2013
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